El documento establece que el operativo abarcará inicialmente a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, además de la Ciudad de Buenos Aires, aunque prevé que pueda extenderse a otras jurisdicciones según evolucione el fenómeno climático. Para ello participarán la Agencia Federal de Emergencias, las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, Vialidad Nacional, el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, el Instituto Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, entre otros organismos.

Entre las acciones previstas figuran el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, la elaboración de informes científicos y georreferenciados, la activación de sistemas de alerta temprana y la coordinación de encuentros con las provincias para planificar la respuesta. Además, ante la confirmación de zonas afectadas se implementará un sistema de comando unificado y se desplegarán recursos federales ya instalados en las jurisdicciones, complementados con refuerzos logísticos y operativos cuando resulte necesario.

El plan también dispone que la respuesta inicial estará a cargo de las autoridades locales, mientras que los recursos nacionales actuarán de manera complementaria y subsidiaria cuando la magnitud o complejidad del evento supere la capacidad de respuesta de la jurisdicción afectada, en línea con el principio de subsidiariedad previsto en la normativa vigente.

La resolución faculta además a la Agencia Federal de Emergencias a introducir las modificaciones o actualizaciones que resulten necesarias durante la vigencia del plan para adecuarlo a la evolución del fenómeno estacional o a nuevas necesidades operativas, técnicas o logísticas. El período de aplicación abarcará desde el segundo semestre de 2026 hasta el segundo semestre de 2027, de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.