El decreto indicó que la decisión responde al pedido realizado por la administración cordobesa ante “dificultades financieras transitorias” para afrontar compromisos presupuestarios y de amortización de deuda.

En los fundamentos del decreto, se remarcó que la medida apunta a brindar “soluciones inmediatas ante problemas transitorios de liquidez” de las provincias.

En el texto se estableció que el monto definitivo del giro a Córdoba será determinado por la Secretaría de Hacienda, que evaluará la capacidad de repago de la provincia y su participación en el régimen de coparticipación federal.

También, se dispuso que los fondos correspondientes al adelanto deberán ser reintegrados antes de fin de año. La operación tiene una tasa de interés nominal anual del 15%, que se aplica desde el desembolso efectivo hasta que la provincia lo cancele.

El pago, que debe hacerse durante este ejercicio fiscal 2026, se realiza mediante retenciones automáticas sobre los recursos de la coparticipación que Córdoba recibe desde el Tesoro nacional.

Con el decreto 584, Córdoba obtuvo un adelanto de coparticipación de hasta $400.000 millones y se sumó a otras 15 jurisdicciones que ya habían pedido el mecanismos para hacer frente a sus distintos compromisos.

A principios de abril, el Gobierno oficializó el esquema de adelantos para Catamarca; Chaco; Chubut; Corrientes; La Rioja; Mendoza; Misiones; Río Negro; Salta; Santa Cruz; Tierra del Fuego y Tucumán.

En junio, en tanto, sumaron al esquema a Sante Fe y Jujuy. Mientras, Entre Ríos ya había sido incorporada a este mecanismo en enero.

El adelanto de coparticipación no es una herramienta nueva. Históricamente, las provincias recurrieron a este tipo de asistencia para ordenar sus cuentas en momentos de tensión financiera. La diferencia ahora es que el Gobierno busca sistematizar el mecanismo y establecer un tope global.