Según la denuncia presentada por el empresario santafesino Gustavo Ricardo Fain, es arrendatario desde 2008 del establecimiento de 221 hectáreas, en representación de la firma Fain Hnos. S.A., de Villa Minetti, Santa Fe. La empresa siembra maíz en el lugar y, cuando se aprestaba a levantar la cosecha, habría encontrado a personas que habían usurpado la propiedad e impedían retirar la producción.

De acuerdo con la presentación judicial, Fain acusó a personas de apellido Heffner, a otra de apellido Minot y a un hermano de Villa Minetti; a otro hombre de apellido Vivas, de San Bernardo, Santa Fe, y a una mujer oriunda de Florencio Varela, Buenos Aires.

Siempre de acuerdo con la denuncia, el objetivo de los presuntos usurpadores era utilizar una máquina cosechadora e ingresar al campo durante el fin de semana, aprovechando que no había actividad judicial, para realizar una denominada “trilla clandestina”, hacer desaparecer el grano y trasladarlo posteriormente hacia la vecina provincia de Santa Fe.

Asistido por su abogado, Fructuoso Rodríguez, Gustavo Fain denunció ante la Fiscalía de Añatuya los delitos de “usurpación y amenazas calificadas por el uso de armas”.

Ante esta situación, la jueza de Control y Garantías Ana María González Ruiz libró una medida cautelar genérica y ordenó el allanamiento del establecimiento, con el objetivo exclusivo de proceder al levantamiento, recolección y transporte de la cosecha de maíz.

El operativo contó con acompañamiento de efectivos de la Departamental 13 y del Cuerpo Guardia de Infantería. La tarea fue vigilada por los funcionarios policiales, luego de que fueran desalojados dos serenos que permanecían en el lugar como consigna.

Escalada de violencia y traslado del maíz hacia Villa Minetti

El trasfondo de la batalla judicial gira en torno a la validez de la documentación presentada por cada una de las partes. Según voceros vinculados al procedimiento, el sector que fue apartado este fin de semana sostiene tener derechos sobre el campo y cuestiona la documentación mediante la cual Fain acredita su condición de arrendatario legal.

En los últimos días, la disputa habría escalado hasta el empleo de armas de fuego, situación que Fain habría denunciado durante la semana pasada y nuevamente este sábado.

En su presentación ante los tribunales, habría señalado que dentro del establecimiento se encontraban dos hombres armados, quienes debieron rendirse ante la superioridad numérica de los efectivos policiales que ingresaron al campo para impedir que se retirara la producción.

Mientras tanto, las partes deberán regresar a los tribunales de Añatuya, ya que ambas aseguran contar con documentación que respalda sus respectivas posiciones. Algunos de los involucrados, incluso, afirmarían disponer de escrituras sobre el inmueble, según indicaron los voceros.

Como resultado del operativo, las 425 toneladas de maíz fueron retiradas del campo y cargadas en 12 camiones, con una capacidad aproximada de 28 toneladas cada uno. Antes de las 15, los vehículos arribaron a Villa Minetti, Santa Fe, donde la producción fue distribuida en instalaciones pertenecientes a la firma de los Fain.

Trilladoras, tractores, tolvas y 12 camiones

La investigación quedó asentada en el legajo 3130/226 y tiene como epicentro el paraje La Nena, Los Juríes, departamento General Taboada. En ese expediente, Agustín Isabelino Vivas fue denunciado por Gustavo Ricardo Fain por “supuestas amenazas y usurpación”, según detallaron funcionarios policiales.

Ante la gravedad de la situación, la jueza de turno, Ana María González Ruiz, refrendó la medida cautelar y dispuso un importante despliegue policial.

Al establecimiento ingresaron tres trilladoras, tres tractores con tolvas y 12 camiones. Cada vehículo cargó aproximadamente 28 toneladas de maíz, luego de una extensa jornada de trabajo sobre 90 hectáreas del campo “Las Víboras”.

La tarea concluyó durante la siesta. Recién entonces los efectivos y funcionarios que permanecían en el lugar pudieron levantar el operativo, desarrollado en un clima de tensión por los millones de pesos involucrados.

Ahora, la disputa continuará en los tribunales de Añatuya, donde deberá determinarse no solo el destino de la cosecha, sino también una cuestión de fondo: quién posee legalmente el campo y qué documentación acredita ese derecho, señalaron los voceros.