La causa se inició en agosto de este año, tras una denuncia presentada por Mercon SRL, una empresa proveedora de equipamiento gastronómico, que denunció haber sufrido un perjuicio económico cercano a los 170 millones de pesos.
Como informó oportunamente Diario Panorama, Khairallah, propietario de la cadena de lomiterías Lomo Khai, y Barrón Palazzi, empleado del Banco Francés, fueron detenidos el pasado 15 de octubre durante una serie de allanamientos realizados en distintos barrios de la Capital.
Posteriormente, el 28 de octubre, el juez Rodolfo Améstegui había dispuesto prorrogar las detenciones, a pedido de la Fiscalía, para avanzar con las medidas investigativas pendientes.
La investigación apunta a una presunta maniobra de estafa y libramiento de cheques sin fondos, mediante operaciones comerciales desarrolladas entre noviembre de 2025 y julio de 2026.
Según la denuncia, se habrían utilizado cheques de pago diferido con vencimientos a 60, 90 y 120 días que posteriormente fueron rechazados. La Justicia busca determinar la participación de cada uno de los imputados y establecer el alcance de las operaciones denunciadas.
Pese a la resolución que habilita la eventual excarcelación, Mussi confirmó que la investigación continúa y que todavía restan diligencias para reconstruir el movimiento del dinero vinculado con las operaciones comerciales.
“Hay diferentes oficios cruzados, hay que establecer la trazabilidad del dinero”, señaló la fiscal, quien además cuestionó las dificultades para obtener información financiera.
“Muchas veces nos encontramos con la falta de colaboración directa de las entidades bancarias para una respuesta rápida, urgente y eficaz que nos sirva para el descubrimiento de la verdad real de estos hechos”, manifestó.
La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la hipótesis investigativa contempla una presunta maniobra desarrollada durante una relación comercial en la que se habrían entregado bienes en comodato y librado cheques que luego no pudieron ser cubiertos.
Según explicó, los involucrados habrían continuado emitiendo esos valores pese a conocer las dificultades para afrontarlos, incluso cuando ya existían advertencias bancarias y algunas cuentas se encontraban cerradas.
