Según consta en la denuncia que realizó el damnificado, acompañado por su representante legal Dr. Miguel Torres, mantuvo una reunión con el acusado en una estación de servicio del casco céntrico y allí acordaron un préstamo por la millonaria cifra.

El acuerdo entre los empresarios —según consta en la denuncia de Ibáñez— sostenía que la devolución del monto se iba a realizar en un plazo de 3 meses.

La víctima —actuando de buena fe y por recomendación de su amigo— en ese encuentro recibió como garantía dos cheques de $50.000.000, los cuales fueron emitidos de la chequera de una empresa del acusado, dedicada a la fabricación de hilados y tejidos y acabado de productos textiles.

En ese momento, el empresario de la construcción cotejó la situación de la empresa del acusado en Central de Deudores del BCR y confirmó que no contaba con deuda ni cheques rechazados, por lo que terminó de rubricar el acuerdo.

Pero cuando llegó la fecha para cobrar el primer cheque, el empresario —a través del amigo en común— le solicitó una prórroga sosteniendo que no tenía liquidez, a lo que el denunciante accedió de buena fe.

Ya en el mes de mayo, los empresarios se reunieron nuevamente y el acusado —según los dichos de Ibáñez— le ratificó su compromiso en abonarle la deuda, pero le pidió cambiar los cheques por otros tres de $27 millones, el primero, el segundo de $50 millones y el tercero de $28 millones.

El 30 de junio, cuando Ibáñez tenía que cobrar el primer cheque, se dio con que el documento no tenía fondos. Ahí fue que supo que desde la empresa habrían librado numerosos cheques como los primeros dos que había recibido a nombre de la empresa textil y al cotejarlos con el BCR, descubrió que ahora sí tenían registros de denuncias por cheques sin fondos.

A través del Dr. Torres, Ibáñez intimó —por cartas documento— para que le regresara la plata, pero nunca obtuvo una respuesta favorable.

A partir de los cheques denunciados en el BCR se descubrió que desde la empresa se habrían emitido cheques por unos $2.000 millones, por lo que se prevé que podrían radicarse nuevas denuncias de otros damnificados.

El Dr. Torres evaluaba realizar nuevas presentaciones e informes para acompañar las denuncias y para solicitar a la Fiscalía que se requieran los movimientos bancarios del empresario acusado.