Con esta declaración, los organismos contratantes quedan exceptuados de cumplir con las disposiciones sobre publicidad y difusión de todas las actuaciones del proceso de compra.

La medida se apoya en el Decreto 9390 de 1963, que considera “Secreto Militar” a los asuntos que resulten de importancia fundamental para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas, entre los que se incluyen expresamente las adquisiciones, fabricaciones y construcciones, así como sus negociaciones y trámites.

En los considerandos, el Gobierno también cita la Ley de Defensa Nacional 23.554, que define a la defensa como la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para enfrentar agresiones de origen externo, con la finalidad de garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país. Además, menciona la Ley 24.948, que establece que es responsabilidad del Ministerio de Defensa evaluar y decidir sobre los requerimientos de equipamiento de las fuerzas.

El decreto autoriza a la cartera a avanzar, por medio de su Subsecretaría de Gestión Administrativa, con los actos necesarios para concretar la medida. La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa tomó intervención en el trámite.

El artículo 1° del decreto declara secreto militar, bajo los términos del Decreto 9390/1963, a las operaciones contractuales necesarias para ejecutar las adquisiciones identificadas en el expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD.

El artículo 2° autoriza al Ministerio de Defensa a instrumentar las medidas necesarias para concretar la decisión a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa. En tanto, el artículo 3° dispone la comunicación, publicación y archivo de la norma.

El decreto no precisa qué tipo de equipamiento se adquirirá, cuál será su costo, qué proveedor participará ni a qué fuerza estará destinado. Esos datos no aparecen detallados en el texto publicado, que identifica la operación únicamente mediante el número de expediente administrativo.

La principal consecuencia de la declaración es que los organismos contratantes quedan exceptuados de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de todas las actuaciones del procedimiento de adquisición. De esta manera, el proceso contractual podrá tramitar bajo el régimen de secreto militar previsto en la normativa vigente.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo fundamentó la medida en las leyes 23.554 de Defensa Nacional y 24.948, vinculada con la reorganización del sistema de Defensa y el equipamiento militar.

La primera establece como objetivos de la Defensa Nacional la protección de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la capacidad de autodeterminación de la Argentina. La segunda asigna al Ministerio de Defensa responsabilidades en la evaluación y decisión sobre los requerimientos de equipamiento de las Fuerzas Armadas.

El decreto también se apoya en el Decreto 9390/1963, que contempla como asuntos sujetos a secreto militar determinadas adquisiciones, fabricaciones, construcciones y cuestiones relacionadas con sus negociaciones y trámites cuando resultan fundamentales para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas.

A partir de ese marco normativo, el Gobierno consideró que correspondía reservar las operaciones contractuales vinculadas con la adquisición identificada en el expediente.

La publicación de la medida se produce en el contexto del proceso de reequipamiento militar impulsado por el Gobierno, aunque el decreto no vincula expresamente esta operación con un sistema de armas específico ni permite determinar públicamente cuál es el material involucrado.

Por el momento, el documento oficial no aporta precisiones sobre el monto de la adquisición, los plazos de ejecución o las características técnicas del equipamiento. La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa quedó facultada para instrumentar los actos necesarios para llevar adelante la medida.