“Estamos hablando de obras en villas o barrios populares en el país”, apuntó Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina. El prelado, que tiene una vasta experiencia en tareas pastorales en barriadas pobres, es uno de los los voceros del reclamo al gobierno de Javier Milei para que se reactiven las obras.

“Estamos hablando de cosas básicas, de que queremos atender la pobreza. En una pobreza multidimensional, uno puede tener un mayor ingreso por la AUH (Asignación Universal por Hijo) o la Tarjeta Alimentar, pero si no tenés el agua potable, un centro de salud cerca, o cloacas, es muy difícil vivir”, consideró en declaraciones a radio Con Vos.

Esta semana, Carrara encabezó un panel de la Mesa Nacional de Barrios Populares, integrado por Juan Maquieyra, director ejecutivo de TECHO; Fernanda García Monticelli, ex subsecretaria de Gestión de Tierras de la SISU; y Lila Calderón, referente del Barrio Obrero de Cipolletti, donde expusieron el impacto negativo que tienen los recortes de las obras. En ese marco, expusieron que el virtual congelamiento de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana y la reducción presupuestaria decidida por el Poder Ejecutivo significó la parálisis de más de 700 obras en todo el país y la interrupción del programa Mi Pieza, que disponía de fondos para realizar mejoras en las viviendas precarias.

Carrara recordó que el ajuste comenzó con la disolución del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), que quedó bajo la órbita del Ministerio de Economía, a cargo de Luis “Toto” Caputo. El Poder Ejecutivo cuestionó el sentido del fondo, que disolvió con el decreto 312/25, y denunció a dirigente de Argentina Humana y excandidato presidencial, Juan Grabois por presuntas irregularidades en el manejo de esos recursos. Sin embargo, el diputado opositor luego fue sobreseído en julio de 2025 al no encontrar ninguna prueba por malversación.

“Uno de los funcionarios a cargo del FISU, Sebastián Pareja, dijo con honestidad intelectual dijo que no había encontrado corrupción en las obras, sino todo lo contrario. Eran fondos auditados por universidades y organismos internacionales”, recordó Carrara. Y agregó que “ahora hay un paso muy duro que es el cierre de la SISU con sus trabajadores, que eran el brazo ejecutor concreto de esta política pública con los vecinos y vecinas de los barrios”.

“Estamos hablando de 2 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en esos barrios. Cuando el Estado se retira abruptamente, va entrando el narcotráfico con todo lo que eso implica”, concluyó.

Lila Calderón, referente del Barrio Obrero de Cipolletti, expuso el impacto de la crisis ante los barrios que considera olvidados, abandonados, y sin recursos básicos ni servicios esenciales. “Los vecinos recurrieron a conexiones eléctricas precarias, con riesgos fatales ocurriendo incendios provocados por instalaciones irregulares, además de muertes por inundaciones”, alertó. Y puntualizó que, ante la discontinuidad de los programas, más de 11.000 mujeres quedaron afectadas por la suspensión del apoyo estatal para mejoras de vivienda.

La política de integración sociourbana, establecida en 2016 e institucionalizada en 2018 con la ley 27.453 y el primer relevamiento oficial de barrios populares. Según el último registro, 1.237.795 familias viven en 6.467 zonas urbanas vulnerables, censados en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Con los años, se había consolidado con un consenso atravesado por diversas gestiones políticas, como las de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Ahora bien, los referentes sectoriales resaltan que la interrupción de obras y programas, a partir de la llegada de La Libertad Avanza (LLA) al Gobierno, vulnera esa norma.

“El 80% de los barrios populares tuvo inversión pública: más de 1.200 proyectos de integración, 24.000 lotes con servicio y 250.000 mejoras habitacionales a través del programa Mi Pieza, lo que representó un desafío grande para hacerlo a escala”, recordó Fernanda García Monticelli, exsubsecretaria de Gestión de Tierras. Y analizó que el cierre actual de la SSISU no se está desmantelando una oficina pública, sino que se trata de la pieza ejecutora de la política”. “Son los relevadores, los que está en territorio y quienes son una defensa ante desalojos”, puntualizó.

Juan Maquieyra, director de Techo Argentina, afirmó que las acciones realizadas fueron “políticas que se desarrollaron de abajo hacia arriba y se convirtieron en una política de Estado”. Maquieyra interpeló a los presentes: “¿En qué Argentina queremos vivir? ¿En una dónde, si nacés en un barrio popular hoy y no hay obras de integración socio urbana, vas a vivir 11 años menos?”.

La Justicia Federal ya intervino en la controversia. El Juzgado Federal de Pehuajó dictó medidas cautelares que obligan al Estado nacional a garantizar la continuidad de la política pública y suspenden los intentos de disolución del FISU.

Sin embargo, los recortes continúan. Ayer, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto a movimientos sociales, cooperativas de trabajo y organizaciones de recicladores, realizó una protesta en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, en rechazo al cierre de la SISU. Los manifestantes montaron unas 12 casillas de madera que conformaron un barrio de emergencia simbólico, con el fin de visibilizar la protesta.