Uno de los casos es el de Jonathan Luis Gabriel Medina, patrocinado por Barraza, quien habría endosado y transferido un cheque electrónico por $2.134.833 a favor de un tercero señalado por Sosa como su proveedor, identificado como Carlos Javier Méndez. Según la presentación, con posterioridad la acusada habría decidido cancelar la operación, aceptando la rescisión. Sin embargo, el denunciante sostuvo que desde entonces se sucedieron promesas de devolución incumplidas, excusas reiteradas y dilaciones injustificadas.

De acuerdo con las denuncias, el denominador común sería el pago anticipado de piscinas que nunca fueron entregadas ni instaladas.

Trascendió que la fiscal Callegaris ya habría formalizado la imputación, aunque no se informó oficialmente si se fijó fecha para la declaración de la acusada.

En el fuero civil, la causa impulsada por la abogada Sequeira tuvo avances significativos. La letrada representa a la agente penitenciaria Débora Cortez, domiciliada en el barrio San Germés, quien en 2023 habría abonado a Sosa más de $500.000 por una piscina que no fue instalada.

El pasado 23 de febrero, una oficial de Justicia se presentó en la empresa de piscinas Nor-Plast, ubicada sobre ruta 5 y su intersección con ruta 34, donde se procedió a trabar embargo y retirar tres piscinas. La medida buscó cubrir un monto de $6.998.000, más otros $1.749.560 en concepto adicional.

El oficio fue ordenado por el juez Civil y Comercial Maximiliano Pernigotti, titular del Colegio de Jueces Nº 1. La investigación continúa tanto en sede penal como civil, mientras se analizan nuevas presentaciones de presuntos damnificados.