En el centro de la trama aparecen dos profesionales del Hospital Italiano que fueron separados de sus cargos y luego imputados por la Justicia.

El juez de Instrucción Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Lucio Herrera los indagaron en marzo, mediante declaraciones virtuales. Los dos negaron los hechos y manifestaron su intención de presentar escritos.

Las fiestas, conocidas como “Fiesta del propofol”, se realizaban en espacios privados, según surge de la investigación. De acuerdo a fuentes judiciales y hospitalarias, había dos modalidades: encuentros de carácter sexual, en los que se invitaba a conocidos, y experiencias “vendidas” a clientes que buscaban “viajes controlados” con supervisión médica improvisada.

En ambos casos, se dosificaban los fármacos y se establecía una suerte de guardia médica. Siempre había alguien preparado con un ambú, el dispositivo utilizado para brindar asistencia respiratoria en caso de que algún participante sufriera apnea, situación que puede derivar en paro respiratorio. Entre médicos, la acción de aplicar el ambú se denomina “ambucear”.

El propio comunicado del Hospital Italiano reconoció el “robo de estupefacientes” en el área de anestesiología y detalló que se tomaron medidas inmediatas, tanto administrativas como judiciales. Ninguna de las personas involucradas continúa desempeñando funciones en la institución. A la par, se reforzaron los controles internos sobre la gestión de medicamentos y se trabaja en conjunto con la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) para analizar y prevenir casos similares en otros centros de salud.

El propofol y el fentanilo no se consiguen en farmacias. Estos fármacos llegan directamente desde droguerías a hospitales y clínicas, donde se emplean en procedimientos quirúrgicos y sedaciones, bajo estricta vigilancia. Carlos Damin, director del Hospital Fernández, explicó en una entrevista con TN que el propofol “es un anestésico que, en dosis controladas, produce sueño y sedación”, y que el fentanilo “tiene una potencia analgésica muy fuerte y genera deterioro del estado de conciencia”. Ambos medicamentos poseen un rango terapéutico corto: una mínima diferencia en la dosis puede convertir un efecto terapéutico en uno tóxico o letal.

Durante las fiestas, los organizadores empleaban bombas de infusión, aparatos que permiten suministrar una cantidad constante y precisa de la droga por vía intravenosa.

Esto posibilitaba que los participantes alcanzaran un estado de preanestesia, una especie de ensoñación, sin perder totalmente la conciencia. Sin embargo, el riesgo era considerable. Una dosis apenas superior podía ocasionar depresión respiratoria y, si no se intervenía con rapidez, un paro cardíaco.

Las redes sociales también jugaron un papel en la difusión y organización de estos eventos. Se detectaron invitaciones y comentarios relacionados con la “Fiesta del propofol”, así como mensajes de despedida tras la muerte de Salazar, a quien algunos colegas llamaban “Alito”.

Un posteo en Instagram de médicos del Hospital Gutiérrez lo nombró erróneamente como Alejandro en vez de Hernán.

El proceso judicial, por ahora, no investiga en profundidad la realización de fiestas con cobro de entrada o encuentros sexuales bajo los efectos de los fármacos, sino que se centra en la figura de administración fraudulenta, tipificada en el Código Penal, para quienes, abusando de su función, perjudican los intereses patrimoniales de una institución.

El propofol no figura en el listado de sustancias estupefacientes bajo control federal, motivo por el cual la causa continúa en la Justicia ordinaria.