Lejos de cumplir con las restricciones impuestas por la Justicia, los investigadores determinaron que el inmueble funcionaba como un punto de venta encubierto, donde los compradores ingresaban directamente para concretar las transacciones, evitando exponerse en la vía pública.

Esta modalidad había generado un constante movimiento de personas en la zona, situación que despertó preocupación entre los vecinos.

Durante el allanamiento, los efectivos constataron además que el imputado no llevaba colocada la pulsera electrónica de monitoreo. En la vivienda se encontró un dispositivo de rastreo fuera de funcionamiento, lo que evidenció un claro incumplimiento de las condiciones judiciales vigentes.