La iniciativa se estructura sobre siete componentes. El primero prevé la actualización de la capacitación del personal de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), con especial foco en inspectores, supervisores, jefes de paso y analistas.

El segundo eje extiende esa formación a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, para fortalecer su función como Policía Auxiliar Migratoria. A su vez, se impulsarán mejoras en los procesos de prevención, detección e investigación de delitos migratorios y una mayor coordinación operativa entre la DNM y las distintas fuerzas.

El programa también contempla la creación de las Unidades de Seguridad Migratoria, la modernización de equipamiento e infraestructura y el fortalecimiento de la cooperación internacional en la materia.

"Hemos venido dando una serie de pasos, planteando este programa de seguridad migratoria que básicamente apunta a una capacitación especial y a procedimientos específicos de actuación", sostuvo la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, al presentar la iniciativa.

Según la resolución, las nuevas unidades operarán en el ámbito de la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Prefectura Naval Argentina.

El texto oficial aclara que tendrán un carácter funcional y no implicarán la creación de nuevas estructuras administrativas. Entre sus tareas estarán la prevención en áreas de control migratorio, el mantenimiento del orden en zonas fronterizas, la detección e investigación de ilícitos y funciones complementarias de control migratorio.

Además, el personal afectado al programa llevará un distintivo identificatorio de "Seguridad Migratoria", independientemente de la fuerza a la que pertenezca.

La normativa también establece la actualización de los protocolos de actuación para que las fuerzas federales puedan intervenir, de manera subsidiaria o ante situaciones de emergencia, en tareas de control migratorio. El objetivo, según el texto, es garantizar un trabajo coordinado y eficiente, respetando las competencias de cada organismo.

La puesta en marcha del programa se inscribe en la estrategia impulsada por el Gobierno tras la sanción del decreto 366/2025, conocido como Reforma Migratoria, que endureció los requisitos para acceder a la residencia en el país, agilizó los mecanismos de deportación de extranjeros que cometan delitos y reforzó los controles fronterizos.

Horas antes de la oficialización de la medida, Monteoliva había ratificado la postura del Ejecutivo respecto de los ingresos al país: "Quien no cumple la ley, no entra", afirmó.

La implementación del nuevo esquema también se conoció poco después de que la funcionaria informara que 14.000 extranjeros fueron expulsados de la Argentina durante los últimos seis meses, en el marco de los controles migratorios llevados adelante por el Gobierno nacional.