El convenio permitirá avanzar en la transformación digital de la administración de Justicia, mediante la incorporación de herramientas tecnológicas, la digitalización de expedientes y el fortalecimiento de la conectividad y la infraestructura informática, con el propósito de optimizar los procesos judiciales y brindar un servicio más ágil, accesible y eficiente para la ciudadanía.

Durante su discurso, el gobernador destacó la importancia de seguir invirtiendo en la modernización del Estado y señaló que la incorporación de tecnología debe traducirse en mejores respuestas para la comunidad.

“Para la provincia, modernizar significa mirar hacia adelante; significa construir un Estado preparado para las próximas décadas; significa que una persona que necesita justicia puede encontrar respuestas más rápidas, más simples y más seguras, porque detrás de cada expediente hay una persona, una familia, un derecho, una expectativa”, expresó.

En ese sentido, remarcó que la transformación digital implica un cambio profundo en la gestión pública y en la relación entre el Estado y los ciudadanos. “Vivimos una época donde la tecnología ha dejado de ser una opción para convertirse en una herramienta indispensable de gestión pública. La transformación digital no consiste simplemente en reemplazar el papel por una computadora, significa cambiar la manera en que el Estado se relaciona con las personas”, afirmó.

Por su parte, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, valoró la continuidad de las políticas públicas y el trabajo articulado entre las instituciones para concretar esta iniciativa. Destacó que el convenio responde a una decisión sostenida en el tiempo y al compromiso de fortalecer los servicios públicos.

“Hay una decisión política de Estado, de distintos gobiernos, que no se ralentizó con el cambio de gobierno, hay una decisión de Estado consecuente, mantenida en el tiempo y ejecutada en un tiempo muy rápido”, sostuvo. Asimismo, subrayó la importancia de que la ciudadanía perciba que el sector público brinda servicios y bienes públicos de cada vez mejor calidad.

A su turno, la ministra O’Mill puso énfasis en la dimensión humana de la modernización judicial y en la necesidad de que los avances tecnológicos contribuyan a garantizar una Justicia más cercana, inclusiva y ágil.

“Con este convenio aspiramos a reforzar la infraestructura del Poder Judicial, avanzar en el sistema judicial digital y fortalecer las redes para ampliar la conectividad, la capacidad y la seguridad en las comunicaciones. Estamos pensando permanentemente más allá de la pantalla, en las personas a quienes queremos llegar con una Justicia mucho más cercana, inclusiva y ágil”, manifestó.

También resaltó la importancia de la cooperación institucional para dar respuestas a las necesidades de la población y afirmó: “Cuando cooperamos, estamos trascendiendo todas las diferencias, aunque se mantengan las funciones y las competencias de cada área del Estado, pero estamos trabajando para lograr el objetivo común de todos nosotros, que es construir el bien común”.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Federico López Alzogaray, por su parte, dijo que el convenio representa un avance concreto en el proceso de modernización del sistema judicial provincial y permitirá mejorar la gestión, facilitar el acceso a la información y reducir las barreras geográficas.

“Modernizar la Justicia para que pueda responder mejor es el objetivo. Para que la información necesaria pueda estar disponible cuando la necesitamos, para que un expediente y todas sus tramitaciones no dependan de un traslado físico y para que la distancia geográfica, en una provincia extensa como la nuestra, no sea una barrera”, expresó.

De igual manera destacó el compromiso de las instituciones involucradas en la iniciativa y afirmó: “Hoy firmamos un convenio, pero fundamentalmente asumimos un compromiso con la Justicia que queremos construir”.