Javier Milei reformará la Policía Federal Argentina (PFA) por decreto y prepara un despliegue de fuerzas en el interior del país. El Presidente modificará el proceso de reclutamiento de agentes y buscará elevar del 15% al 40% el personal de investigación del organismo.

El jefe de Estado reestructurará la fuerza a través de cambios en la Ley Orgánica de la Policía Federal (21.965). Será una fuerza de investigación, que además se encargue de las custodias y de la seguridad de los bienes del Estado. Lo anunciará en enero la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una presentación.

La Casa Rosada planea elevar un 10% anual la cantidad de efectivos de las fuerzas de la PFA en el interior durante los próximos cuatro años. Según pudo saber TN, el 70% de la planta está actualmente ubicada entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y el 30% restante, en Unidades Operativas Federales en las otras provincias. Buscan llegar a una distribución del 60/40% en 2025 y del 50/50% en 2026.

La reforma de la fuerza que planea el Gobierno

La reforma incluye además la creación de nuevos departamentos -logística, investigación y narcotráfico, entre otros- junto a capacitaciones para la planta actual. No absorberán agentes de otros organismos, sino que quedará fija la dotación actual.

La Casa Rosada tiene como referencia a la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI). “La idea es que progresivamente se convierta en una agencia de investigación criminal, sin policías en el territorio, que se encargue de desactivar los niveles de criminalidad”, expresó a TN un alto funcionario.

Las autoridades de la Policía Federal son los comisarios generales Luis Alejandro Rolle (jefe) y Mariano José Giuffra (subjefe). Tiene diez superintendencias: Investigaciones Federales, Desarrollo Profesional, Bienestar, Drogas Peligrosas, Administración, Bomberos, Intervención Federal, Seguridad y Custodia, Agencias Federales, Tecnología y Transporte.

Contiene además seis direcciones generales: Aviación Federal, Cooperación Policial Internacional, Inteligencia Criminal, Planeamiento y Desarrollo Estratégico, Asuntos Jurídicos y Secretaría General. La Policía Federal tiene 21 delegaciones en Buenos Aires, 3 en Santa Fe, 3 en Córdoba, 2 en Mendoza, entre otras.

El Gobierno quiere impulsar a la par la Ley Antimafias, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Propone agravar las penas por el crimen organizado y el tráfico de drogas con modificaciones en los códigos Penal y Procesal Penal. Incluye sanciones de 8 a 20 años de prisión por la pertenencia a una asociación ilícita.

El Ejecutivo prepara también un decreto para que las Fuerzas Armadas puedan combatir organizaciones terroristas y bandas narcos dentro del país. El texto lo trabajaron las áreas de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) y fue revisado por la secretaría de Legal y Técnica, que preside Javier Herrera Bravo.

La norma establecerá que los militares puedan participar de la defensa ante “amenazas extranjeras no estatales” en el territorio interno. En Nación apuntan contra organizaciones como Hamas, Hezbollah y carteles del narcotráfico de otros países que busquen operar en la Argentina.

La Casa Rosada quiere dejar sin efecto el decreto 727/ 2006, que reglamenta la Ley de Defensa Nacional (Ley 23.554). La nueva reglamentación incluye cambios en el artículo 32 de la norma, que establece que “la misión primaria fundamental del Instrumento Militar consiste en asegurar la defensa nacional ante situaciones de agresión externa perpetradas por fuerzas armadas de otros Estados”.

En Balcarce 50 buscan además que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con operativos en la frontera junto a Prefectura, Gendarmería y agentes de Inteligencia Criminal. Lo mismo aplica para defender “objetivos de valor estratégico”, como una central nuclear o una represa.