Siempre en función de la investigación judicial, la damnificada accedió y pactó un encuentro con la supuesta letrada quien se presentó en su casa manifestando llamarse María Azar. Allí la víctima le manifestó que necesitaba sus servicios y le preguntó cuánto le cobraría.

En ese momento acordaron un monto por $240.000 que la víctima pagó una parte con perfumes —que era lo que ella vendía— y el resto le entrega en efectivo. Luego, mientras supuestamente hacía los trámites para la cuota alimentaria, le pidió ayuda para resolver un conflicto que tenía su hermano y por ello le abonó $150.000 más. Contó que pasaron algunas semanas y como no tenía novedades de su "abogada" decidió enviarle una mensaje preguntándole si tenía alguna noticia acerca del estado del trámite solicitado.

Sostuvo que ante sus preguntas recibió respuestas negativas y excusas. Así pasaron los días y al ver la actitud sospechosa de la "abogada", la víctima decidió realizar averiguaciones en el Centro Judicial Banda. Allí pidió información a través del trámite realizado por la "Dra. María Azar", en donde le manifiestan que dicha mujer no se encontraba registrada en ningún archivo.

De inmediato la damnificada se comunicó nuevamente —por WhatsApp— con la supuesta abogada y le solicitó el número de matrícula, pero sin recibir ninguna respuesta. Fue entonces cuando la víctima determinó que la "abogada" en realidad se llamaba María Ester Santillán y que vivía en el barrio Textil. Según contó la damnificada al obtener esa información arribó a su casa para "desenmascararla".

Una vez que la acusada la atendió le reclamó por qué dejó de contestarle los mensajes y fue entonces cuando la supuesta letrada le pidió que se fuera de la casa y no regresara, amenazándola con hacer virales mensajes que habían intercambiado con ella y que podrían perjudicarla.

Más tarde la mujer decidió pedir ayuda y presentarse ante la policía. Si bien hasta el momento hay una sola denuncia en contra de la acusada, la víctima se habría contactado con otras personas a las que había estafado con la misma modalidad.

Así fue que los efectivos comenzaron las averiguaciones y con toda esa evidencia la representante del Ministerio Público y Fiscal pidió una orden de allanamiento y detención. Con luz verde del juez Control y Garantías —Dr. Gino Alberto Niccolai—los efectivos de la División Delitos Económicos Banda arribaron a su casa ubicada en calle Pública 1, entre Islas Malvinas Sur y Chile. Una vez dentro redujeron la acusada —de 56 años— quien quedó alojada en la Alcaidía de Mujeres por orden de la Justicia interviniente.