Según fuentes judiciales y policiales, la víctima, identificada como Sofía (38 años), relató que en noviembre de 2024, ante un escribano público, adquirió la vivienda de una mujer llamada Graciela, residente en avenida Roca, junto a su hija, Andrea, por el monto mencionado. Sin embargo, hace algunas semanas las supuestas vendedoras le reclamaron que desocupe la propiedad.

Tras realizar averiguaciones, la uniformada descubrió que la vivienda pertenece al IPVU y que, por lo tanto, no puede ser vendida legalmente, por lo que sospecha haber sido víctima de una estafa. Sofía posee el boleto de compraventa y presentó un descargo ante el organismo correspondiente al detectar la maniobra.

Según relató, minutos antes de la llegada de la policía, las acusadas se presentaron en la propiedad exigiendo que abandonara la casa, pero sin intención de devolver el dinero. Al negarse a retirarse, comenzaron a generar disturbios, lo que motivó que los vecinos llamaran a los uniformados.

Más tarde, la damnificada formalizó la denuncia penal por estafa en la Comisaría 51. La Fiscalía, representada por la Dra. Jaime, dispuso el secuestro de toda la documentación relacionada con la operación para avanzar en la investigación.