El profesional emitió un certificado veterinario detallando las lesiones por arma de fuego. Durante más de diez días Pichuka recibió curaciones y antibióticos, quedando bajo resguardo del grupo para evitar nuevos ataques. Las dos cachorras, por su parte, fueron dadas en adopción responsable, con compromiso de castración garantizado por la organización.

Según la denuncia, los presuntos responsables del ataque serían Matías Gómez, Lautaro Gómez y un menor de apellido Torres. Días después, la Justicia emitió la orden de detención, pero los sospechosos no se encontraban en su domicilio al momento del operativo. Durante el allanamiento, la Policía secuestró dos motos vinculadas a la causa.

La Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas a la Prisión Preventiva de Añatuya notificó a Silvana Anríquez, referente del Grupo de Protección Animal Los Juríes, sobre la resolución judicial dictada el 13 de noviembre de 2025 en el marco de la causa por maltrato animal y portación ilegítima de arma de fuego, en concurso con delitos contra la seguridad pública.

La investigación, que involucra a Gómez Lautaro Alejandro, Gómez Jorge y Torres Matías, se inició tras el brutal ataque que dejó como saldo una perra asesinada a tiros, otra herida de bala y dos cachorras huérfanas en la localidad de Los Juríes.

Según la notificación oficial, el Juzgado de Control y Garantías dispuso ordenar la excarcelación de los imputados, pero bajo un estricto régimen de medidas de conducta. Entre ellas, los acusados deberán:

-Fijar domicilio: Gómez Lautaro en Bandera y Matías Torres en Tomás Young, informando cualquier cambio.

-Asistir a todas las citaciones judiciales.

-Abstenerse de cometer nuevos delitos.

-No portar ni tener armas de ningún tipo.

-No consumir alcohol ni sustancias prohibidas.

-Cesar toda forma de violencia, medida que incluye también a Gómez Jorge.

-Cumplir con las citaciones fijadas para los días 4 y 5 de diciembre de 2025.

Además, la Justicia impuso prohibición absoluta de acercamiento y contacto hacia Silvana Anríquez, denunciante del caso, y hacia Florencia Bustamante, otra testigo que intervino en la asistencia a los animales.

La resolución aclara que, ante cualquier incumplimiento por parte de los imputados, Anríquez podrá realizar la denuncia inmediata ante el Ministerio Público Fiscal, la Comisaría 48 o la oficina de OMAS.