Desde la fundación también destacaron la existencia de registros fílmicos previos a la reacción de Páez, en los que —según indicaron— uno de los empleados del local habría realizado gestos obscenos hacia ella y su acompañante. Esa conducta, sostienen, no fue debidamente ponderada en el expediente.

En ese sentido, argumentaron que la abogada habría sido inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, y que su posterior reacción fue descontextualizada, invirtiendo los roles de víctima y victimaria. Además, cuestionaron la difusión del caso por parte de fuerzas de seguridad brasileñas en redes sociales oficiales, al considerar que refuerza una lógica de estigmatización incompatible con la presunción de inocencia.

Mientras tanto, la Justicia de Río de Janeiro avanzó con la investigación y el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de la influencer. Para los fiscales, la conducta de Páez “extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido” y configuró un accionar “discriminatorio y ofensivo”.

De acuerdo a medios brasileños, la solicitud se sustenta en los testimonios de los empleados del local, respaldados por testigos presenciales y por imágenes de cámaras de seguridad incorporadas a la causa. En las últimas horas, además, el Ministerio Público rechazó el descargo presentado por la acusada, quien sostuvo que se trató de una “broma” entre amigas tras una discusión por supuestos consumos cobrados de más.

Para los investigadores, la versión de la letrada santiagueña no se sostiene frente a las pruebas reunidas hasta el momento, por lo que la causa continúa su curso mientras se define si se agravan o no las medidas en su contra.