Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, la discusión interna refleja una fractura estratégica evidente. Por un lado, el sector denominado "dialoguista" o de los "Gordos" e "Independientes" —representado por figuras como Héctor Daer (Secretario General y titular de Sanidad) y Gerardo Martínez (Secretario de Relaciones Internacionales y titular de la UOCRA)— priorizó durante las últimas semanas el tejido de redes políticas. Su estrategia se ha centrado en el cabildeo con gobernadores y senadores, buscando introducir modificaciones técnicas al proyecto que atenúen el impacto sobre los derechos colectivos de los trabajadores.

En la vereda opuesta, el ala más combativa, liderada por Pablo Moyano (Secretario General y referente de Camioneros) y respaldada por los gremios del transporte y las dos vertientes de la CTA, reclama un cese de actividades inmediato. Para estos sectores, la vía parlamentaria es insuficiente ante lo que consideran un avance irreversible sobre las conquistas históricas del movimiento obrero argentino.

Antecedentes de una resistencia histórica

La posibilidad de un paro general durante el debate legislativo no es un recurso nuevo, sino una herramienta de presión que ha definido las crisis institucionales de las últimas décadas. La memoria sindical evoca episodios donde la movilización popular fue el último dique de contención frente a proyectos de flexibilización laboral.

En el año 2000 ante la denominada “Ley Banelco”, bajo el gobierno de Fernando de la Rúa, la reforma laboral fue impulsada en medio de un escándalo de sobornos en el Senado. La CGT disidente de aquel entonces, también con fuerte protagonismo del transporte, encabezó huelgas generales que terminaron por erosionar la legitimidad del Ejecutivo.

En diciembre del 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, el intento de avanzar con una reforma laboral tras la aprobación de la reforma previsional generó jornadas de extrema violencia frente al Congreso y paros nacionales que obligaron al gobierno de turno a retirar el proyecto de la mesa de discusión parlamentaria.

En enero del 2024, en la etapa más reciente, la CGT ya demostró su capacidad de reacción con un paro nacional a solo 45 días de la asunción de la nueva gestión, marcando un récord histórico en la celeridad de una medida de fuerza contra un gobierno recién electo.

La decisión que tome el Consejo Directivo este viernes dependerá, en gran medida, del análisis sobre la lealtad de los bloques provinciales en la Cámara Alta. A pesar de las gestiones directas, el respaldo de los mandatarios peronistas no ha sido unánime, lo que ha generado un clima de incertidumbre sobre el margen de negociación real.

Si la CGT opta por el paro total, el conflicto sindical volverá a ocupar el centro de la escena, no solo como una demanda gremial, sino como un actor de peso en el equilibrio de poder nacional. La definición de hoy determinará si la central obrera se mantiene como un interlocutor político o si asume el rol de vanguardia en la resistencia social contra las reformas estructurales del oficialismo.