El Ministerio Público rechazó el descargo presentado por la acusada, quien había sostenido que se trató de una “broma” entre amigas. Para los fiscales, esa explicación no se condice con las pruebas reunidas durante la investigación.

A casi un mes del hecho, la Justicia de Río de Janeiro ya había dispuesto la prohibición de salida del país, la retención del pasaporte y el uso de una tobillera electrónica. El delito de injuria racial contempla penas de dos a cinco años de prisión.

Dos semanas atrás, su abogado defensor, Sebastián Robles, calificó las medidas como “muy severas y excesivas”.