Además, Lijo solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) que remita los legajos societarios completos de las firmas AREA TECH S.A., ATX S.A., MOVILGATE S.R.L., LUGALU S.A., EQUILA S.R.L., TSOFT INFORMÁTICA S.A.S. y TECNOSOFTWARE S.A., con el objetivo de analizar su composición y posibles vínculos.

Por otra parte, se requirió a la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que informe si las empresas DATCO S.A., National Shipping S.A. y FOGGIA GROUP S.A. registran contrataciones con el Estado nacional.  En caso afirmativo, se pidió que se acompañen todas las actuaciones  correspondientes a los procesos en los que hayan resultado  adjudicatarias.

Las medidas se ordenaron tras un pedido del fiscal federal Carlos Stornelli, luego de una denuncia de la diputada Marcela Pagano.

Se busca determinar si la consultora +Be, de la que es socia Angeletti, podría estar vinculada a alguna de estas empresas contratistas públicas. Stornelli aclaró en el dictamen donde pidió prueba que aún no hay imputados y se  basa en la denuncia para intentar determinar si hubo algún “proceso de  simulación” en contrataciones del Estado Nacional que pudieran haber generado “algún conflicto de interés” entre la esfera pública de Adorni y “actividades económicas desarrolladas” por su entorno familiar, según la denuncia de la diputada nacional Pagano.

En  concreto se aludió a la consultora de la que sería socia la esposa de  Adorni, que tendría como cliente al Grupo Datco, proveedor de servicios  en diferentes organismos del Estado. Algo que se intentará determinar con las medidas de prueba ordenadas.

También se mencionó a National Shipping SA, “durante las dos últimas décadas contratista de YPF” y al grupo Foggia, en relación a la concesión del predio Tecnópolis que tramitaría bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.